En estos días una Presidente que es prácticamente "un error estadístico" pretende engancharse con el sentir ciudadano, proponiendo restaurar la pena de muerte para una serie de delitos.
Algunos abolicionistas han saltado hasta el techo llamando "cavernaria" a esa pretensión, recordando que algunos condenados, que siendo inocentes, murieron enfrentando un pelotón de fusilamiento como fue el llamado "monstruo de Armendáriz"; otros recurren a otras razones de tipo legal ("se tiene que sacar al Perú del Pacto de San José primero") y otros consideran inútil una medida como la pena de muerte pues según ellos "no es disuasiva".
En parte tienen razón. Salirse de la competencia del Pacto de San José toma un tiempo; en el pasado ha habido casos -pocos pero los hubo- de inocentes que fueron ejecutados y no es una medida disuasiva pero olvidan estos ilustres opositores que la pena de muerte es ante todo punitiva y se aplica (y se ha aplicado) a feroces criminales cuya resocialización es probable solo en un 0.000001 %. ¿O acaso creemos que un cabecilla terrorista, un feroz sicario, un traficante de drogas, un violador en serie o un corrupto pertinaz van a cambiar?
Si creemos que eso va ocurrir pecamos de una ingenuidad digna de mejores causas y no para defender criminales irredimibles.
La Sociedad tiene el derecho de protegerse y de sacar de circulación a algunos. ¿Qué sentido tendría mantenerlos con dinero de todos y que en algún momento haya un juez o un presidente que tenga "clemencia" y los vuelva a poner en libertad para que vuelvan a delinquir.
Habría que ver qué pensarían si algunos defensores de la vida de estos delincuentes fueran víctimas ellos mismos o personas vinculadas a ellos y si finalmente defienden el verdadero derecho a la vida de los seres humanos concebidos que son asesinados por millones so pretexto de que ello es parte "del derecho de las mujeres a disponer su cuerpo".
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