Las recientes proscripciones de las organizaciones llamadas "movadef" y "antauro" han sido decisiones necesarias, ajustadas a ley pero tardías; aunque algunos digan que "es preferible tarde, que nunca".
La existencia de tontos útiles y también (por qué no decirlo) de cómplices permitieron que violentistas de todo tipo aprovechen los resquicios de la Democracia para actuar impúnemente socavándola.
Ya en el pasado hemos sido testigos cómo gente como Javier Valle Riestra, un supuesto demócrata, o Javier Diez Canseco, un cómplice que actuaba desde el Congreso, justificaron el accionar terrorista amparándose en "el derecho de opinar libremente".
Por supuesto no fueron los únicos quienes fueron responsables del avance del terrorismo. Incluso las dos organizaciones terroristas financiaron la publicación de dos medios como "el diario" y "cambio" amparándose en la libertad de prensa y expresión. ¿Acaso olvidamos qué se escribía en ambas publicaciones?
Hoy, un poco más de 30 años después, volvemos a la encrucijada de tener que combatir a las fachadas del terrorismo y de quienes quieren destruir la Democracia, lo que sostienen abiertamente recurriendo al "derecho de la libre asociación para actuar políticamente".
Tenemos que estar atentos a lo que pueda decir el Tribunal Constitucional y el Congreso deberá exigir precisiones a su Presidente, que recientemente se habría reunido con el cabecilla de "antauro", sabe Dios para qué.
Estamos viviendo momentos dramáticos en los que el Sistema de Justicia está actuando no en defensa de la ciudadanía, la Presidente se encuentra en un peligroso estado de inmovilismo y sectores como el caviaraje y comunistas pretenden "encender la pradera".
Hay que poner freno a estos intentos, con decisiones que incluso sean producto de mano firme y si es necesario, dura.
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