El Presidente Jeri ha decretado Estado de Emergencia en Lima y Callao donde la extorsión y los asesinatos se han desbordado producto de una criminalidad que actúa impunemente.
La Policía Nacional del Perú sabe qué hacer y cómo actuar pero necesita el apoyo político para combatir el crimen, por lo que resulta una buena noticia lo dicho por el Presidente ("vamos a pasar a la ofensiva").
Sin embargo hay dos patas cojas que no sabemos qué pasará con ellas. La primera, un Sistema de Justicia garantista de "los derechos" de los delincuentes y la otra el Sistema Penitenciario colapsado. Veremos cómo cumplirán con su papel.
La cuestión operativa no parece ser un problema. La Policía está capacitada para enfrentar el día a día; lo que preocupa es el trabajo de inteligencia que toma su tiempo, aunque no dudamos que será exitoso. Ya ha derrotado al terrorismo y eso es la mejor garantía de su trabajo, mas aún con los actuales avances tecnológicos.
Sin embargo hay un enemigo silencioso, infiltrado en la Sociedad que busca su destrucción. Todos sabemos que pronto saldrá a criticar "los excesos policiales" desde su prensa adicta y usando sus oeneges derechohumanoides. Ya lo hicieron antes; lo harán de nuevo.
Si bien es necesario que se den resultados de importancia, como el descabezamiento de importantes bandas criminales; es importante también gestos. No es posible que siga un minuto más ese mural en Paseo de la República "en honor" de un antisocial violentista así como que algunos jueces sigan prevaricando al ordenar la detención de policías que abaten delincuentes en cumplimiento de su deber.
En los años 90's se logró derrotar al terrorismo con inteligencia y con el accionar de las FFAA y Policía Nacional pero también con medidas de excepción que es necesario repetir, adaptándolas al momento actual. Delación premiada para ubicar delincuentes, Jueces sin Rostro, leyes de excepción, restricciones para frenar el aparato legal de los delincuentes, combatir la delincuencia en su terreno, sistema carcelario de excepción, medidas para combatir el lavado de dinero y el uso de líneas de telefonía celular e incentivar el apoyo ciudadano. Basta de silencio cobarde o cómplice. Basta de zonas liberadas, donde "gobierna" la delincuencia con el apoyo, miedo o indiferencia de los ciudadanos.
30 días es poco y si resulta insuficiente, 90 días. Ya algunos critican que se empiece a detener indocumentados, cuando es sabido que una gran mayoría vive al margen de la ley.
No cedamos al chantaje caviar, cuyos "expertos en seguridad" han salido a dar "consejos".
Mano dura hasta acabar con la inseguridad que vivimos.

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