Qué hubiera pasado en 1990 si el Presidente Fujimori hubiera escuchado y hecho caso a gente como Mario Ghibellini quien en su columna sabatina en el decano critica el "plan Bukkele" porque es un resultado de mano dura y ausencia de "remilgos constitucionales" (sic).
No hay duda que algunos ingenuamente, de pronto terminan dándose la mano con los aliados de la delincuencia y apelando al "respeto de los derechos humanos" defienden a quienes justamente no respetan los derechos de sus victimas.
Si en 1990 se hubiera tratado de combatir a los terroristas "respetando" el andamiaje legal de entonces, hoy el Perú no existiría. El Plan Fujimori apeló a leyes de excepción, jueces y fiscales "sin rostro", trabajo de inteligencia eficiente, apoyo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y acciones en el terreno comunicacional, social y económico.
Las leyes y los derechos existían para los que las cumplían. Los delincuentes terroristas recibieron mano dura y se enfrentaron a un Estado que no tuvo contemplaciones.
Hoy el Perú vive un clima de violencia e inseguridad que ha puesto en jaque la vida de los ciudadanos. Ya no es solo "nuestra delincuencia" sino la que llegó con la migración de cientos de miles de venezolanos y un número menor de colombianos y ecuatorianos.
El entonces presidente PPK cándidamente recibió a "carne, hueso y grasa"; sin ningún filtro. No aprendimos del pasado (cubanos en 1980) y menos en carne ajena (marielitos en Miami).
Hoy urge que la Presidente Boluarte dé la orden de acabar con los delincuentes y por ende con la delincuencia. "El cómo" que lo planteen y ejecuten los que saben y los facultados constitucionalmente, así como en todas las instancias de gobierno.
A todo lo dicho por diferentes especialistas (como José Luis Gil, José Baella, Marco Miyashiro, César Astudillo, Fernando Rospigliosi, entre otros), se me ocurre plantear el control en el alquiler de viviendas y habitaciones a extranjeros; el restringir y controlar -por un tiempo determinsdo- el tránsito de extranjeros y que las instancias municipales hagan un censo de empleadores y empleados extranjeros que hubieran ingresado al Perú en los últimos 8 años.
Por otro lado, que la Superintendencia de Migraciones den los resultados de las acciones conducentes a regularizar la permanencia de extranjeros ilegales en el Perú y las acciones y resultados del control a los que no han regularizado su situación migratoria.
Finalmente, a igual que en los 90s, el Sistema Legal defienda al ciudadano de los delincuentes y no a éstos. Es hora que fiscales y jueces no se amparen en lo que Ghibellini ha bautizado -sin querer- "remilgos constitucionales". Si no entienden esto, en poquísimo tiempo el Perú será El Salvador preBukkele o el Perú de los años 80s. La Democracia para quienes creen en ella y no para quienes se valen de lo que ellos llaman "pelotudeces democráticas".
PS Como bien alerta Fernando Rospigliosi, Achtung¡ Cuidado con las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
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