Una inservible (pregunten sino a los venezolanos, cubanos, nicaragüenses o bolivianos) OEA ha aprobado enviar una misión para evaluar qué sucede en el Perú y apoyar al mantenimiento del Estado de Derecho y "a un gobierno legítimamente elegido", promoviendo el diálogo entre los actores políticos (Gobierno, Oposición, Poderes del Estado y Sociedad Civil".
La gran pregunta que surge es "para qué". ¿Para que en el Perú prevalezca la libertad y Democracia o para perennizar a un gobierno corrupto e incapaz?
Si en la OEA ignoran las diversas acusaciones fiscales que penden contra el comunista Castillo o si simplemente callan y lo encubren pese a saberlo, les queda dos caminos; que vengan para enterarse in situ o para que se lo "hagamos saber" poniendo en evidencia su complicidad.
La verdad ningún vasallaje es bienvenido. Somos soberanos e independientes. Que esto lo sepan claramente los cómplices de las tiranías comunistas y en su estadia en Lima se alojen en Ticlio Chico y coman en alguna Olla Común para que sepan lo que pasan millones de pobres y cómo Castillo en vez de gobernar ha agravado la pobreza y la exclusión social.
Pero que quede claro que aquí no hay diálogo que valga para "salvar" a Castillo y Boluarte. Si van a venir que sea para que insten a Castillo a renunciar junto con su socia Boluarte. Aquí no hay nada que negociar sino obligar a Castillo, presunto cabecilla de una organización criminal según la Fiscalía de la Nación, a allanarse a la Justicia junto con sus cómplices.
El diálogo que debe preceder a este escenario se debe dar entre todos los demócratas (ningún cómplice de todo el desmadre que vivimos desde el 2016). Lo que está en juego es una propuesta unitaria que conduzca una transición que reconstruya el tejido social, fumigue el Estado y proponga una Agenda Mínima de cara a los próximos cinco años.
La Constitición proteje la Democracia y el ejercicio del Presidente durante su gestión. Robar no es parte de la función de un Presidente, por ello que Castillo y sus complices apelen al articulo 117 de la C93 refleja su catadura moral.
El manejo del problema de hoy no es parte de un asunto político sino de orden penal y en base a ello hay que actuar.
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