El fallo del Tribunal Constitucional del pasado 20 de junio ha traído más sombras que luces; no porque con ello se cierre la posibilidad de cualquier leguleyada que apele a una "negación fáctica" sino porque este organismo no ha sabido explicar los alcances de su interpretación, no a los que conocen de Derecho Constitucional sino sobre todo a los ciudadanos en general.
Las leyes en el Perú no son lo suficiente claras y precisas; dan demasiada oportunidad para la interpretación como ocurrió con la posibilidad de que una Cuestión de Confianza pueda definirse "fácticamenre". Es por ello y ante la falta de perspicacia en los Congresistas de la época hizo que en aquella fatídica tarde del 30 de setiembre del 2019 ocurriera lo que a mi entender fue en la práctica "un golpe de Estado", pero que fue interpretado por mayoría simple (4-3) por el entonces Tribunal Constitucional como un acto ajustado a lo que manda la norma o sea la Constitución Peruana.
Lo que ocurrió a lo largo de aquel 30 de setiembre del 2019 tuvo su génesis tres años antes. La historia no puede ser ni olvidada ni menos soslayada exprofésamente.
En el 2016 el entonces presidente Humala necesitaba tener las espaldas resguardadas (recordemos el sinnúmero de denuncias que pesaban sobre su gobierno y en particular el llamado caso "Lava Jato"); ello hizo que quienes eran parte de ese gobierno y los que lo apoyaban con "loco entusiasmo" hicieran lo posible, lo legal y lo otro para facilitar "el triunfo" del que se decía iba a ser "un presidente de lujo". Hoy los odiadores y desmemoriados olvidan las jugarretas que hicieron posible "la diferencia" con la que se dió "el triunfo del lobbista" y la "segunda derrota" de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori.
Para los que no se han dado cuenta aún, Keiko Fujimori es "derrotada" (saca en teoría menos votos que PPK) pese al abrumador respaldo en las elecciones congresales (obtuvo una inédita mayoría de 73 congresistas). Nunca un candidato presidencial ganador ha obtenido menos votos que la suma de los votos congresales y esto "sucedió" en el 2016. ¿Raro, no?
Lo que ocurrió a continuación fueron intensas coordinaciones entre el presidente saliente Humala y el electo PPK. Para algunos era necesaria una alianza PPK-Fuerza Popular, un coģobierno (al estilo AP-PPC de 1980-1984, pero PPK prefirió hacerla con los escombros del humalismo, los odiadores y el caviaraje (en las elecciones recibieron el apoyo de los comunistas). A estas fuerzas politicas se unieron la prensa "adicta al dulce", los mercantilistas y los oportunistas de siempre ("los gobiernistas" que apoyan a todos los gobiernos a cambio de "la suya").
El tema era bloquear la aplastante mayoría congresal fujimorista y para ello surgieron "agilitos opinólogos" como Alberto Vergara y Julio Cótler, quienes en El Comercio y en la revista Poder, respectivamente, esbozaron sin vergūenza alguna la estrategia para desbaratarla.
Lo que ocurrió luego no fue "obstrucción congresal" (en la gran mayoría de casos) sino lo temido por quienes no actúan de acuerdo a ley, o sea la fiscalización de sus actos. Así mismo se hizo control político de la gestión ministerial, algo que causaba escozor en aquellos que querían "carta libre" para hacer lo que les viniera la gana. La forma cómo impusieron el aeropuerto de Chinchero fue una muestra de ello.
El gobierno "de lujo no fue tal" sino "brilló" por su incapacidad como sucedió en el verano del 2018 en el Norte del Perú, sobre todo.
Por cierto el Congreso y la mayoría de Fuerza Popular tuvo su parte de responsabilidad. Hubo cantidad pero no necesariamente calidad. La división entre sus miembros (sectores keikistas y albertistas) pronto comenzó a hacerse visible.
Un indulto al PresidenteFujimori fue el punto de quiebre de este enfrentamieto.
Entre tanto el Caso Lava Jato comenzó a ser parte de la vida politica a través de una Comisión Investigadora Congresal presidida por la entonces congresista Rosa Bartra y de una investigación fiscal (de alguna manera hay que llamarla).
PPK cayó en marzo del 2018 tras un primer intento de vacancia. Tras una serie de denuncias vinculadas a la construcción del aeropuerto de Chinchero y otros casos, el presidente PPK renunció (ante las evidencias de actos ilícitos) y tras ello surge la desgraciada presencia de su vicepresidente Vizcarra, quién desde antes cubileteada con la oposición para que le facilitara la sucesión constitucional.
Tras una aparente "luna de miel", el responsable de la muerte de más de 200 mil peruanos empezó a atacar a un desacreditado Congreso y a una clase política representada en él, arriconándolos con propuestas de "reformas". Ello no lo hizo solo; para esto se prestó la prensa mayoritariamente que "amansó y convenció" a la ciudadanía.
Hubo mucho de impericia, inacción y también cobardía para enfrentar lo que se avizoraba como inevitable, vale decir lo qué ocurrió semanas previas al 30 de setiembre del 2019. El Congreso y su Comisión de Constitución fueron avasallados y aprobaron una serie de reformas que fueron convalidadas por una ciudadanía envenenada que votó a favor con resultados propios de "elecciones en la Cuba narcocastrista".
Un envalentonado Vizcarra siguió arrinconando al Congreso. El final de la Democracia se acercaba. Ya se había negado un pedido de Confianza y el día llegó.
Aquel 30 de setiembre del 2019 un actor disfrazado de Primer Ministro, el caviar Salvador del Solar fue al Congreso y "a la fuerza", aprovechó el desconcierto de los congresistas y solicitó "confianza" para frenar la elección de Tribunos Constitucionales. En medio del desconcierto en el Hemiciclo y valiéndose del vacío constitucional (recién aclarado y acotado por el actual Congreso) al promediar la tarde el Lagarto anunció el cierre del Congreso so pretexto de una "negación fáctica" de confianza.
¿Fue legal ello? Como ya se dijo, esto contó con "la bendición" del Tribunal Constitucional y el apoyo mayoritario de la población. Los principales constitucionalistas opinaron que era ilegal el cierre del Congreso (Golpe de Estado) pero los hechos se consumaron. Las Fuerzas Armadas (que no son deliberantes) actuaron con realismo. Fue un golpe que como en 1968, 1975 y 1992 gozó del apoyo popular. Oponerse a ello hubiera traído como consecuencia una guerra civil de consecuencias impredecibles (comparables con los infaustos hechos posteriores al intento de los hermanos Gutiérrez en 1872).
No olvidemos que a lo largo de los últimos 60 años ha habido rupturas constitucionales con consecuencias nefastas como en 1968, 2019 y 2020 y otras que evitaron la cubanización del Perú (1975) y posibilitaron la Resurrección del Perú (1992).
Ahora bien, quienes arguyen que el golpe de Vizcarra fue legal y legítimo tienen algo de razón por el vacío constitucional existente entonces y por el apoyo mayoritario de la población. Hoy ese vacío ya no existe gracias a la Ley 31355 dada por el actual Congreso. La "negación fáctica" menos y el apoyo popular tampoco, a Vizcarra ni tampoco al ladrón golpista Castillo.
La pregunta que surge es si, tras el fallo del Tribunal Constitucional, ello puede ser motivo para declarar ilegal el cierre del Congreso y llevar a juicio a Vizcarra y a quienes lo apoyaron políticamente. Unos dicen que sí; otros señalan que el Tribunal Constitucional no puede abocarse dos veces a un mismo caso y menos su fallo del 20 de este mes puede tener efecto retroactivo sobre lo ocurrido hace cuatro años.
Para nuestra opinión lo ocurrido fue un quiebre del Orden Constitucional y los responsables de ello deben ser consignados por la Historia. Quienes obedecieron órdenes y no son deliberantes no tienen responsabilidad ni política ni legal. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no son deliberanntes ni las debemos hacerlas al responsabilizarlas por acciones u omisiones
Es hora que se señale responsables por lo ocurrido el 30 de setiembre del 2019; a los actores políticos encabezados por Vizcarra, al Tribunal Constitucional que dio legalidad, a la gran mayoría de la población que legitimó ello y a quienes desde diferentes sectores (empresarial, prensa y otros) dieron soporte. Cabe mencionar que esa misma mayoría ciudadana así como el mismo Tribunal Constitucional le dieron la espalda a Vizcarra el 9 de noviembre del 2020 cuando éste fue vacado por incapacidad moral pero cinco días más tarde avalaron la algarada que obligó a renunciar al Presidente Manuel Merino de Lama, quien sucedió constitucionalmente a Vizcarra. A Merino de Lama le faltó coraje para enfrentar la embestida caviar al igual que su Primer Ministro Flores Aráoz.
Lo que vino luego de ello -el gobierno caviar de un minúsculo (en votos) Francisco Sagasti- explica el posterior fraudulento "triunfo" de un incapaz y corrupto comunista, desgracia que aún sufrimos bajo el gobierno de la Presidente Dina Boluarte, legal sucesora del golpista, pero ilegítima por su origen espúreo y por haber sido socia y comparsa del ladrón comunista Castillo.
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