SI SE PUEDE

 

Tras las últimas acciones de la Policía Nacional del Perú, el Estado ha retomado la iniciativa en la lucha contra la delincuencia.

En buena hora que sea así. Era inconcebible el estado de inseguridad en que se vivía sin que se viera una estrategia clara ni voluntad política para respaldar a la Policía.

Si bien tenemos "nuestros" propios delincuentes, la llegada de decenas de bandas delincuenciales provenientes de Colombia y Venezuela, principalmente, ha ocasionado el aumento de diversos delitos como el sicariato, extorsión, trata de personas, secuestros, narcotráfico, asaltos y otros.

La sensación de inseguridad no es sino la expresión de una realidad que ha sido rebasada debido a un sistema de justicia frágil e ineficiente y en algunos casos cómplice como un caso increíble en.el que una fiscal puso en libertad al asesino apodado "maldito cris". A ello sumamos un sector mediático que so pretexto de "defensa de derechos humanos" impide el accionar de la Policía así como la incapacidad para legislar y dotar a la Sociedad de "armas legales" para combatir el crimen, entre ellas las que faciliten la labor policial.

La impunidad y la complicidad de "tontos útiles" y asolapados no han permitido combatir otros delitos a gran escala que se interrelacionan y se explican por su accionar conjunto (narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otros; los que han participado como fuentes de financiamiento de la subversión terrorista y del accionar violentista de grupos vinculados al comunismo y al separatismo en el sur peruano.

En los 90s el gobierno del Presidente Fujimori combatió el terrorismo con una legislación ad hoc, con fiscales y jueces "sin rostro", intenso trabajo de inteligencia, operaciones de rastrillaje en diversos puntos y con una estrategia no solo policial-militar sino promoviendo medidas socio económicas. Hoy ese es el camino. Nuestro país debe abandonar la competencia de la llamada "justicia supranacional" e instaurar de nuevo la pena de muerte para cabecillas y todo delincuente que actúe con vesanía y ponga en riesgo a la sociedad. No necesitamos que ésta sea solo disuasiva (si lo es, en buena hora) sino punitiva y de profilaxis social. Así mismo las cárceles deben dejar de ser "escuelas del crimen" y lugares desde donde delincuentes presos planifiquen y organicen diversos delitos. Aquellos que lo estén haciendo deberán tener un régimen especial drástico (El Salvador es el ejemplo).

Es hora de actuar con "mano dura". Los derechos y seguridad de millones de peruanos están por  encima de cualquier consideración. El que delinque y pone en riesgo a la Sociedad NO tiene derechos.

Y el que digan que sí......